miércoles, 9 de octubre de 2024

Actitudes contrapuestas en CC: Diputada busca frenar selección de Fiscal General y diputado acusa dilación del proceso

Politica 

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero y su jefe de bancada Enrique Urquidi.


La Paz, 09 de octubre de 2024 (NNBB). – 

Mientras el jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, acusó falta de voluntad política del MAS para seleccionar y designar al nuevo Fiscal General del Estado, su correligionaria Luciana Campero presentó una acción de inconstitucionalidad para dejar en suspenso este proceso que debe concluir el 23 de octubre.

“Desde el punto de vista de nuestra representante en la Comisión encargada de selección (la diputada María Elena Pachacute) hay ciertas actitudes del oficialismo, fundamentalmente en ambas alas, de falta de voluntad política para cumplir los plazos y contar con un Fiscal General hasta fines de octubre”, afirmó Urquidi en declaraciones a La Razón Radio.

Como prueba, recordó que la sesión de la Comisión Mixta de Justicia Plural que se convocó para el lunes, fue reprogramada para este martes, sin “mayor explicación”.

Sin embargo, el diario capitalino Correo del Sur informó este martes que la diputada Campero, correligionaria de Urquidi, presentó en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA) con el fin de dejar en suspenso el proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado.

En su recurso, la legisladora tarijeña impugna la Ley 1579 Transitoria para la selección y designación de la o el Fiscal General del Estado porque permite que magistrados en ejercicio sean candidatos sin haber presentado su renuncia a la función pública con 90 días de antelación, lo que infringe el principio de igualdad de condiciones entre todos los postulantes.

En su memorial, solicita la admisión de esta demanda y la aplicación de una medida cautelar que deje en suspenso el proceso de preselección de candidatos, además, de definir la aplicación de normas de suplencia en el cargo de fiscal general, ante una inminente ausencia de autoridad titular por término de mandato.

Según el cronograma, la Comisión Mixta debe concluir este miércoles 9 de octubre la resolución de 25 recursos de revisión de méritos que presentaron los postulantes, objetando el puntaje que se les asignó en la revisión de méritos.

Entre el 11 y 15 de octubre se debe realizar los exámenes orales y la exposición de planes de trabajo de postulantes. A la conclusión de este proceso solo pasarán a la sesión de Asamblea aquellos que acumulen un puntaje mínimo de 130 puntos.

La Comisión debe concluir su labor de selección el 17 de octubre para que la Asamblea Legislativa realice la designación del nuevo Fiscal General del Estado, quien debe asumir el cargo como máximo el 23 de octubre, en reemplazo de Juan Lanchipa.

Urquidi dijo desconocer el recurso legal presentada por su compañera de alianza.

“Voy a tomar conocimiento de cuál es el alcance de esta acción y en función a ello, por supuesto, asumiremos un criterio”, afirmó.

Urquidi recordó que, si la Asamblea no alcanza el consenso para designar por dos tercios al sucesor de Lanchipa, “la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 25, establece los mecanismos para tener a un fiscal interino o a tener un fiscal transitorio, en tanto no existe un fiscal titular”.

Precisamente el artículo 25 de la Ley señala que “en caso de destitución, suspensión definitiva, renuncia, ausencia o impedimento definitivo de la o del Fiscal General del Estado, lo suplirá la o el Fiscal Departamental o Superior” de acuerdo al orden de prelación establecido: con la antigüedad en el ejercicio de: 1) funciones en el cargo; 2) funciones en el Ministerio Público y 3) la abogacía.

ABI.


Sube el precio de las gasolinas Premium Plus y Ultra Premium 100, se mantiene costo y subvención de la gasolina especial

 Economia 

El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Germán Jiménez.

La Paz, 08 de octubre de 2024 (NNBB). – 

Por la cotización del petróleo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ajustó el precio del litro de las gasolinas Premium Plus y Ultra Premium 100, que empezaron a comercializarse desde agosto, mientras mantuvo inalterable el costo de la gasolina especial subvencionada.

De acuerdo con el director de la ANH, Germán Jiménez, el precio del litro de la gasolina Premium Plus pasó de Bs 5,71 a Bs 6,18 y de la Ultra Premium 100, de Bs 6,71 a Bs 6,82.

El ajuste responde a que el precio del barril de petróleo pasó de un promedio de $us 69 a entre $us 73 y $us 74 en los últimos días.

Ambos combustibles empezaron a comercializarse desde agosto con el fin de abastecer a los vehículos de alta gama, luego que fuera anunciado por el presidente Luis Arce en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el 199 aniversario de la fundación de Bolivia.

Como sucedió en esta ocasión, el precio de ambas gasolinas se ajustará cada tres meses y conforme a la cotización del barril de petróleo.

Pero esto no sucederá lo mismo con la gasolina especial plus, que tiene una mayor demanda en el mercado nacional. Su costo se mantiene en Bs 3,74 gracias a la subvención que realiza el Gobierno nacional.

“El precio de esta gasolina no se modifica en absoluto. De las 560 estaciones de servicio en el territorio nacional, 433 comercializan gasolina especial plus a un costo de Bs 3,74. Esto no se modifica y no podemos generar ninguna susceptibilidad a la población”, enfatizó en Unitel.

ABI.


Gabinete Social respalda militarización de fronteras contra el contrabando y define coordinar mayor control con gobernaciones y municipios

 Gobierno 


La Paz, 08 de octubre de 2024 (NNBB). – 

El Gabinete Social respaldó este martes la decisión del presidente Luis Arce de militarizar las fronteras para evitar el contrabando de productos nacionales a otros países y acordó convocar a un encuentro de autoridades departamentales y municipales para fortalecer los controles en los centros de abasto.

El informe lo dio el dirigente intercultural Vidal Gómez al final de la reunión presidida por el presidente Luis Arce, en Casa Grande del Pueblo. En la cita estuvo el vicepresidente David Choquehuanca, ministros de Estado y dirigentes de organizaciones sociales del Pacto de Unidad y de la Central Obrera Boliviana (COB).

“Se ha respaldado la decisión de la militarización; segundo, la coordinación con los alcaldes y las gobernaciones para el control del agio y la especulación; tercero, las organizaciones sociales y el pueblo boliviano deben denunciar los acopios, el contrabando (…) son tres temas importantes tocados”, explicó a la prensa a su salida de la Casa Gran del Pueblo.

Para la coordinación con los alcaldes y las gobernaciones, el Gobierno nacional los convocará a una reunión.

Como consecuencia de la crisis climática y la inflación internacional, la inflación en Bolivia hasta septiembre alcanzó el 5,53%.

Los eventos climáticos extremos, como la severa sequía que azotó al país entre junio y agosto, tuvieron un impacto directo en la producción agrícola. Además, desde 2020 Bolivia ha enfrentado fenómenos climáticos adversos de manera ininterrumpida, comenzando con La Niña y seguido por El Niño, lo que ha alterado los calendarios agrícolas e influido en precios de los alimentos.

La inflación importada generó una presión adicional sobre la economía boliviana, a lo que se sumó el contrabando a la inversa, con productos bolivianos saliendo del país debido a precios altos en países vecinos.

Para mitigar los efectos de la inflación, el Gobierno Nacional implementó diversas medidas, como la reducción a cero del gravamen arancelario para determinados productos de importación, la creación del Centro de Monitoreo de Seguridad Alimentaria, las ferias "Del campo a la olla", los operativos contra el contrabando a la inversa y la militarización de las fronteras.

“El Gobierno Nacional está enfocado en trabajar para cuidar la olla de las familias bolivianas, garantizando que los productos estén a un precio justo y, de esa manera, brindar tranquilidad a las bolivianas y bolivianos”, afirmó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.


ABI.