JUSTICIA
La Paz, 10 de agosto de 2026 (NNBB).-
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exigió al Órgano Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de Régimen Penitenciario cumplir con las recomendaciones emitidas para atender la crisis de derechos humanos en los recintos carcelarios. Reportó la persistencia de un hacinamiento que supera el 109% de la capacidad instalada.
“A casi un año de la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en septiembre de 2025, persiste la crisis estructural en el sistema penitenciario”, afirmó el Defensor del Pueblo durante la presentación del informe de seguimiento a la “Alerta Temprana sobre la Situación Penitenciaria en Bolivia”, emitida por la institución defensorial en su rol de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
Según explicó, como resultado del diagnóstico referido a la detención preventiva y a la falta de respuesta judicial, “se continúa con la detención preventiva como una regla y no como una excepción”, porque el 53,91% de la población penitenciaria, hasta diciembre de 2025, correspondía a personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria.
“Es cierto que entre julio y diciembre de 2025 bajó en dos puntos porcentuales esta población con detención preventiva, pero la regla continúa siendo la detención. Ante este escenario, advertimos la necesidad de que el Órgano Judicial y la Fiscalía del Estado respondan no solamente a la Defensoría del Pueblo, sino a la población, sobre cuál es la política institucional que aplicarán para reducir el uso de la detención”, cuestionó el Defensor.
De acuerdo con el documento defensorial, en la gestión 2025 el hacinamiento en los centros penitenciarios alcanzó el 109%, con una población total de 32.677 personas. A diciembre de 2025 se registró una reducción de 381 personas respecto a julio de esa misma gestión.
En este sentido, Callisaya indicó que la Defensoría del Pueblo requiere informes actualizados sobre el avance de las recomendaciones, toda vez que se identificó una falta de respuesta oficial por parte del Órgano Judicial y la Fiscalía General del Estado, instituciones que fueron notificadas en diciembre de 2025 y marzo de 2026, respectivamente, sin que hasta la fecha hayan emitido un pronunciamiento formal.
En criterio del Defensor, estos elementos derivaron en un punto de quiebre respecto a la violencia: mientras que en todo 2025 se registraron 15 muertes violentas, en apenas siete meses de 2026, entre enero y julio, la cifra ya alcanzó 17 decesos, concentrándose la mayoría de los casos en Santa Cruz, particularmente en Palmasola y Montero.
En cuanto al derecho a la salud, informó que existe un déficit de personal sanitario, con una proporción de solo un médico por cada 510 personas privadas de libertad, lo que imposibilita cumplir con el protocolo de examen médico inicial de 48 horas y deja patologías prevenibles sin detección oportuna.
Por otro lado, Callisaya reportó una grave inseguridad alimentaria provocada por dificultades administrativas de los gobiernos locales para procesar el pago de prediarios, registrándose moras de hasta tres meses en La Paz y de dos meses en Potosí, Beni, Chuquisaca y Tarija. Finalmente, resaltó la necesidad urgente de ejecutar proyectos de infraestructura que actualmente se encuentran paralizados en departamentos como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Ante la persistencia de estos riesgos críticos, advertidos desde septiembre de 2025, la Defensoría del Pueblo persistirá en exigir al Estado boliviano la adopción de acciones inmediatas para garantizar la vigencia del Estado de derecho y la integridad de las más de 32.677 personas que actualmente integran el sistema penitenciario.
Fuente UCOM-DPB
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