HIDROCARBURO
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| Foto Agencias |
La Paz, 9 de febrero 2026 (NNBB).
En medio de la crisis provocada por la comercialización de gasolina de mala calidad, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y la estatal YPFB guardan silencio sobre un millonario contrato para el control de cantidad y calidad del combustible que, en los hechos, no detectó ni evitó la distribución de gasolina contaminada en el país.
YPFB adjudicó por invitación directa un contrato por Bs 8.892.252 a la empresa CAMIN CARGO CONTROL ARGENTINA S.A. Sucursal Bolivia, para realizar inspecciones de calidad y cantidad de gasolina y otros carburantes en los depósitos de la estatal. La orden de contratación fue emitida por el presidente de YPFB Corporación, Yusset Akly.
Según el informe YPFB-GCC-DRCO-INF-752/2025, la adjudicación fue decidida el 29 de diciembre, para la gestión 2026, y el servicio debía ejecutarse en 45 plantas de almacenamiento. Sin embargo, pese a la existencia de este contrato, combustible sucio llegó a los surtidores, provocando daños masivos en motores, inyectores y bombas de gasolina, con miles de vehículos fuera de circulación.
¿Contrato fantasma?
Las dudas surgen porque, pese al alto monto adjudicado, no existen alertas técnicas conocidas, informes públicos, advertencias previas ni pronunciamientos oficiales que demuestren que el control de calidad fue efectivamente realizado.
Hasta ahora, YPFB no ha presentado un solo documento técnico que evidencie que la empresa contratada haya detectado, observado o reportado la mala calidad del carburante almacenado y distribuido.
Este vacío de información, sumado al silencio del ministro Medinaceli y del Gobierno de Rodrigo Paz, ha llevado a sectores políticos y ciudadanos afectados a cuestionar si el contrato solo existe en papeles administrativos, pero no funcionó en la práctica, lo que configura la sospecha de un “contrato fantasma”: pagado, pero sin resultados visibles ni verificables.
El pliego de especificaciones señala que la empresa presentó una garantía del 7% del monto contractual, además de una boleta de garantía. No obstante, no se ha informado si YPFB inició procesos por incumplimiento, ni si exigirá resarcimiento por los daños ocasionados, pese al impacto económico que enfrentan miles de ciudadanos.
Mientras tanto, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB mantienen silencio, sin auditorías, sanciones ni explicaciones públicas.
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